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Reconocimiento de Estado o de Gobierno

La presente crisis venezolana es tan grave que fue llevada al Consejo de Seguridad de la ONU y a instancias regionales, como   la OEA y el MERCOSUR. En el acontecer político venezolano se disputan el poder, con su justificación jurídica y política, dos venezolanos y dos modelos de gobierno que dividen la opinión interna del país y al Sistema Internacional.

Para la diplomacia y para el Derecho Internacional, no se trata del reconocimiento del Estado, porque nadie se lo niega al histórico Estado venezolano desde su Independencia reconocida hoy por todos los miembros de las Naciones Unidas. El problema está en el reconocimiento del gobierno como ocurre en la actual situación venezolana.

La diplomacia bilateral es precisa, y en este sentido, los compatriotas Maduro y Guaidó han tenido la aprobación o desaprobación de los vecinos países de América Latina, pero también, de los europeos, africanos y asiáticos, especialmente de las grandes potencias.

Es en el Consejo de Seguridad de la ONU donde esta confrontación se ha dado y continúa expresándose, porque Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes con derecho a veto, obstaculizan cualquier decisión, tal como ocurrió la pasada semana frente a la diplomacia de Estados Unidos y la europea, representada por Francia y Reino Unido, igualmente miembros permanentes.

La ONU y las Agencias Especializadas, por ahora, siguen reconociendo al Estado venezolano y al actual gobierno. Diferente es el caso de las organizaciones regionales, donde no hay Estados que veten resoluciones o acuerdos, por lo que se establece un mecanismo de mayorías y minorías, a través del cual se reconoce al Ejecutivo que tenga el apoyo necesario. Así, mientras el ALBA sigue reconociendo al presidente Maduro, en el MERCOSUR la situación es contraria.

De complicarse el ajedrez venezolano, sí se podría reconsiderar el caso en el Consejo de Seguridad, para posteriormente someterlo a votación, cuestión que no ocurrió el sábado 26 de enero, pero en esta oportunidad, se necesitaría el apoyo de 9/15 miembros, incluyendo el voto favorable de todos los 5 miembros permanentes. Cuando no se resuelve por el Consejo de Seguridad, la práctica es recurrir a la Asamblea General, donde la votación requiere de las 2/3 partes. Este precedente ocurrió con la guerra de Corea (Resolución 498 del 01 de febrero de 1951), cuando frente al veto de Rusia, la ONU prosiguió con el respaldo de la Asamblea General.

La ONU no puede mantenerse al margen porque entre sus objetivos está “mantener la paz y la seguridad internacional y para este fin, tomar las medidas colectivas: por medios pacíficos conforme a los principios de la justicia y del Derecho internacional”.

Frente a las dificultades en situaciones parecidas a la de Venezuela, donde la diplomacia difícilmente encuentra una solución, los sistemas regionales de integración parecen más eficaces para encontrar los mecanismos de negociación o de presión en la búsqueda de soluciones, siempre respetando la voluntad mayoritaria de los pueblos. Es así como en África, ante situaciones internas de un Estado que afecta la paz y la seguridad de sus vecinos, prefieren actuar en el marco regional, tal como ocurrió recientemente en el caso de Zimbabue con la presión de los propios países africanos y la madurez y responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que derivaron en la instalación de un nuevo gobierno y la convocatoria a un nuevo proceso electoral. Igualmente sucedió con el dictador de Gambia, Yahya Jammeh, quien no quería entregar el poder y desconoció las elecciones donde triunfó Adama Barrow, que al ser perseguido se refugió en el país vecino Senegal, allí lo juramentaron como Presidente e instauró su gobierno y con la presión de gobiernos africanos regresó a su país a ejercer el poder.

En América Latina, deberíamos fortalecer las instancias regionales más allá de la OEA, ya sea sólo en el cuadro latinoamericano o con los miembros del Caribe. Para eso, hace falta un nuevo constitucionalismo regional y una supranacionalidad consensuada por todos, donde pudiéramos resolver tanto problemas entre Estados, como es el caso de muchos litigios fronterizos y otros de carácter político y económico, como ayudar dentro del mandato de la justicia y la democracia a resolver problemas nacionales, al interior de las naciones que amenacen a la paz y a la seguridad de un Estado o las demás naciones de la región. Europa ha logrado esto desde 1957 con la Comunidad Económica Europea perfeccionando el sistema con el Tratado de Lisboa en el 2009. Un nuevo constitucionalismo y un nuevo espacio geopolítico son necesarios, siempre signados por el compromiso del desarrollo y la libertad.

Julio César Pineda

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