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No a Guyana ante la CIJ

Venezuela actúa de manera unánime frente a Guyana en nuestro reclamo territorial. El Gobierno Nacional del presidente Maduro, ha hecho público en los últimos días para la comunidad nacional e internacional su posición coincidente frente a la demanda incoada por la República Cooperativa de Guyana contra nuestro país, para legitimar sus aspiraciones en la ocupación y posesión del territorio del Esequibo y cerrar la controversia por los 159.000 km en disputa y la proyección marítima del mismo hacia el Océano Atlántico.

Así debe ser, tratándose de una política de Estado, los venezolanos y todos los gobiernos, en el fondo, han sostenido la propiedad plena del Esequibo como parte integrante del territorio nacional y han denunciado la nulidad absoluta del Laudo Arbitral de París de 1899, arbitraje en donde no estuvo presente Venezuela. De los cinco jueces que integraron el Tribunal Arbitrario, dos eran británicos, dos estadounidenses y el presidente de nacionalidad rusa, pero vinculado al Reino Unido. Afortunadamente con el Nuevo Orden Internacional, la creación de la ONU en 1945 y con los procesos de descolonización, el nuevo Derecho Internacional permitió, frente a múltiples situaciones de conflicto y controversias, establecer el arreglo pacífico de las mismas, por eso el Art. 33 de la Carta de la ONU.

Para nuestro continente, fue muy importante la proclamación del principio del “Uti Possidetis iuris”. Después de la permanente actitud venezolana reclamando el territorio ocupado ilegalmente por Gran Bretaña, en 1968, las partes en conflicto llegaron a un acuerdo para abrir el debate sobre el Esequibo, bajo la tutela de la ONU con su Secretario General y la participación del futuro Estado Independiente de Guyana.

El hecho de que las partes decidieran abrir el asunto del Esequibo, al aceptar la existencia de un diferendo y la controversia jurídica respectiva, cuestiona la validez del Laudo Arbitral, que ahora la República de Guyana pretende validar al recurrir por vía unilateral la CIJ de La Haya.

Ha sido lógica la actitud de Maduro y de Guaidó, al negarse a participar como parte en este juicio internacional y al recordar la doctrina venezolana de no aceptar la competencia de la CIJ.

La Academia, las fuerzas políticas, la sociedad civil y los militares, siempre han compartido este criterio, incluso, a nivel político-internacional, es necesario destacar que no somos firmantes del Pacto de Bogotá, donde los Estados latinoamericanos se comprometieron, en caso de litigios, a recurrir automáticamente y llevar y a ser llevados a la CIJ. Venezuela no acepta la jurisdicción ipso facto de la CIJ para controversias entre Estados.

Es tradición, ante las exigencias constitucionales y por lo delicado de la territorialidad, elemento fundamental del Estado junto a la población y al Gobierno, que no se deje a terceros las definiciones de los espacios aéreos, marítimos y terrestres.

Existen casos juzgados donde la CIJ, desde la primera fase de los procesos, desconoce principios y reglas consagradas en el Derecho Internacional Público y en sentencias con fallos inejecutables, por eso, Colombia en el conflicto con Nicaragua y ante la decisión de la Corte, decidió retirarse y denunciar el Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948, de jurisdicción obligatoria de la Corte.

Tanto en el comunicado de la Cancillería venezolana como en el Twitter de Guaidó y en lo reafirmado recientemente por la Asamblea Nacional con la intervención del Dip. William Dávila, quien preside la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, se rechaza la acción unilateral de Guyana y se ratifica que el marco jurídico de la controversia debe ser el Acuerdo de Ginebra, con los siguientes criterios: 1.- El No reconocimiento de la competencia de la CIJ y la negación a su jurisdicción sobre el Esequibo. 2.- No es plausible jurídicamente la solicitud de Guyana, por lo tanto sería inadmisible la demanda y haría ineficaz la consideración del fondo del asunto. 3.- Se reafirma la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966 y la obligación bilateral de negociar un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para los dos Estados, con la posible participación de terceros pero en función de buenos oficios o mediación.

En la reciente reunión del PARLASUR en Montevideo, representantes de Venezuela lograron el apoyo de esta instancia de la diplomacia parlamentaria para los venezolanos.

Es tiempo de un gran acuerdo nacional y un frente único con la participación de los actores conocedores de la materia, como ha ocurrido en otras naciones, que ante diferendos territoriales, por ser política de Estado, se presentan en absoluta unidad.

Embajador Julio César Pineda

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